¿Será la Guerra por la Regulación de la IA el Próximo Gran Conflicto en Estados Unidos? Descubre las Claves del Choque Federal-Estatal
Publicado el 24-01-2026
La creciente tensión entre la administración federal y los estados por el control de la Inteligencia Artificial marca el inicio de una era de batallas legales y políticas que definirán el futuro de la tecnología más disruptiva de nuestra generación.
La Escalada de la Tensión: Orden Ejecutiva vs. Soberanía Estatal en la IA
El panorama de la Inteligencia Artificial (IA) en Estados Unidos se ha convertido en un campo de batalla político y legal, especialmente en las últimas semanas de 2025. Tras el repetido fracaso del Congreso en aprobar una legislación que prohibiera las leyes estatales sobre IA, el Presidente Donald Trump firmó una contundente orden ejecutiva. Este movimiento buscaba, en esencia, limitar la capacidad de los estados para regular una industria en auge, con la promesa de establecer una política nacional de IA «mínimamente gravosa» que posicionara a EE. UU. como líder global en la carrera tecnológica.
Esta decisión representó una victoria cualificada para las grandes tecnológicas. Empresas como OpenAI, Google, Meta y otros gigantes del sector han movilizado ingentes sumas de dinero en campañas de lobby, argumentando que un mosaico de regulaciones estatales fragmentaría el mercado, sofocaría la innovación y dificultaría la competitividad del país a nivel internacional. Su visión aboga por un marco regulatorio unificado y flexible que fomente el desarrollo rápido y la adopción de la IA sin barreras significativas.
La orden ejecutiva instruye al Departamento de Justicia a formar un grupo de trabajo encargado de demandar a los estados cuyas leyes de IA entren en conflicto con la visión federal de una regulación de «toca suave». Adicionalmente, el Departamento de Comercio fue facultado para retirar fondos federales destinados a la banda ancha de los estados que promulguen leyes de IA consideradas «gravosas». Expertos legales como James Grimmelmann, profesor de derecho en Cornell Law School, sugieren que estas medidas probablemente apuntarán a un número limitado de disposiciones, principalmente aquellas relacionadas con la transparencia y el sesgo en la IA, temas que tradicionalmente resuenan más con posturas liberales.
El Campo de Batalla se Traslada a los Tribunales y las Urnas
Con la llegada de 2026, la disputa por la regulación de la Inteligencia Artificial promete intensificarse, trasladándose desde los despachos políticos a las salas de tribunales y los colegios electorales. Mientras algunos estados podrían reconsiderar sus iniciativas legislativas sobre IA para evitar confrontaciones federales, otros están decididos a avanzar, impulsados por una creciente presión pública. Esta presión busca proteger a los niños de los posibles efectos negativos de los chatbots y controlar el enorme consumo de energía de los centros de datos, cuestiones que han cobrado una relevancia significativa en la agenda pública.
En paralelo, la escena política se verá inundada por el financiamiento de Súper PACs (Comités de Acción Política) que inyectarán decenas de millones de dólares en las elecciones congresionales y estatales. Estos comités, respaldados por magnates de la tecnología y defensores de la seguridad de la IA, buscarán elegir a legisladores que apoyen sus visiones contrapuestas sobre cómo debería regularse esta tecnología transformadora. La polarización no solo se manifestará en el apoyo a candidatos, sino también en el diseño y la implementación de políticas públicas.
La efectividad de la orden ejecutiva presidencial en la preeminencia sobre las leyes estatales es un tema de intenso debate legal. Margot Kaminski, profesora de derecho en la Universidad de Colorado, ha señalado que la administración podría estar «estirando demasiado la cuerda» con sus intentos de adelantarse a la legislación estatal mediante acción ejecutiva. Esto sugiere que el gobierno federal podría encontrarse en una posición legal precaria, especialmente si los estados con grandes presupuestos y una fuerte convicción política deciden llevar la lucha a los tribunales. El caos y la incertidumbre que estas batallas legales generarían podrían, paradójicamente, desincentivar la legislación estatal, aunque los estados democráticos más grandes y con recursos podrían ser los menos propensos a ceder.
Estados Pioneros: Nueva York y California al Frente de la Regulación de la IA
A pesar de las amenazas federales, muchos estados no muestran signos de retroceder. De hecho, algunos han avanzado con legislaciones ambiciosas que buscan establecer un marco de seguridad y ética para la IA. Un ejemplo destacado es Nueva York, cuya gobernadora Kathy Hochul firmó el 19 de diciembre la «Responsible AI Safety and Education (RAISE) Act». Esta ley pionera exige a las empresas de IA publicar los protocolos utilizados para garantizar el desarrollo seguro de sus modelos y reportar incidentes críticos de seguridad. Es un paso significativo hacia una mayor transparencia y responsabilidad en la industria tecnológica.
California, siempre a la vanguardia en políticas tecnológicas, debutó el 1 de enero con la primera ley de seguridad de IA de frontera de la nación, la SB 53. Esta legislación, en la que se inspiró la Ley RAISE, está diseñada para prevenir daños catastróficos que podrían surgir de la IA avanzada, como el desarrollo de armas biológicas o ciberataques a gran escala. Si bien ambas leyes fueron modificadas en sus versiones finales para resistir la intensa presión del lobby industrial, lograron un compromiso, aunque frágil, entre los gigantes tecnológicos y los defensores de la seguridad de la IA.
Estos esfuerzos regulatorios no solo provienen de estados con inclinaciones demócratas. Incluso estados republicanos como Florida, con defensores vocales de la regulación de la IA, podrían seguir su ejemplo. La posibilidad de que el gobierno federal intente anular estas leyes ganadas con tanto esfuerzo es alta, lo que casi garantiza que los estados afectados llevarán la lucha a los tribunales. Este escenario de confrontación legal subraya la complejidad de establecer un marco regulatorio coherente para una tecnología que evoluciona a una velocidad sin precedentes.
Parálisis en el Congreso y la Politización de la IA
Mientras los estados batallan en el frente regulatorio, el Congreso de EE. UU. ha permanecido en un estado de parálisis. A pesar de las promesas presidenciales de forjar una política federal de IA con el legislativo, la realidad de un cuerpo polarizado y estancado sugiere que una ley integral es poco probable en el corto plazo. En julio, el Senado rechazó una moratoria sobre las leyes estatales de IA que había sido incluida en un proyecto de ley de impuestos, y en noviembre, la Cámara de Representantes desechó un intento similar en un proyecto de ley de defensa. Esta falta de consenso subraya la dificultad inherente de regular una tecnología tan compleja y de rápido cambio en un entorno político fragmentado.
La orden ejecutiva, en lugar de fomentar un acuerdo bipartidista, parece haber exacerbado las divisiones. Brad Carson, un exdiputado demócrata de Oklahoma que está construyendo una red de Súper PACs en apoyo de la regulación de la IA, argumenta que la orden ha hecho más difícil la aprobación de una política responsable al endurecer las posiciones y convertir la IA en una cuestión profundamente partidista. Esto ha creado «líneas de falla increíbles» tanto entre demócratas como republicanos, dificultando aún más la búsqueda de puntos en común.
Dentro de la órbita republicana, también existen tensiones. Mientras que los «aceleracionistas» de la IA, como el zar de IA y cripto David Sacks, abogan por la desregulación para impulsar la innovación, figuras populistas como Steve Bannon advierten sobre los peligros de una superinteligencia descontrolada y el desempleo masivo que podría generar la IA. Esta divergencia de opiniones, incluso dentro del mismo partido, ilustra la complejidad ideológica que rodea la regulación de la IA. De hecho, varios fiscales generales republicanos ya han firmado una carta bipartidista instando a la FCC a no anular las leyes estatales de IA, lo que demuestra que la división no es simplemente a lo largo de líneas partidistas tradicionales.
Consenso Emergente: Protección Infantil y Centros de Datos
A pesar de la polarización general, hay áreas donde un consenso, aunque limitado, parece estar emergiendo, impulsado por una creciente preocupación pública. Los estadounidenses están cada vez más ansiosos por el impacto de la IA en la salud mental, el empleo y el medio ambiente, lo que ha disparado la demanda de regulación. Si el Congreso permanece paralizado, los estados serán los únicos actores que tomen medidas para mantener a raya a la industria de la IA. Solo en 2025, los legisladores estatales introdujeron más de 1.000 proyectos de ley relacionados con la IA, y casi 40 estados promulgaron más de 100 leyes.
Uno de los temas más sensibles y urgentes es la protección infantil frente a los chatbots. El 7 de enero, Google y Character Technologies (creadores de Character.AI) llegaron a un acuerdo en varias demandas con familias de adolescentes que se suicidaron tras interactuar con sus bots. Un día después, el fiscal general de Kentucky demandó a Character Technologies por acusaciones similares. OpenAI y Meta también enfrentan demandas masivas por incidentes semejantes. Estos litigios ponen de manifiesto la necesidad urgente de legislación, ya que la aplicación de las leyes de responsabilidad del producto y libertad de expresión a estos nuevos peligros digitales sigue siendo una «cuestión abierta» para los tribunales.
Ante esta situación, los estados se están moviendo para aprobar leyes de seguridad infantil, que están exentas de la propuesta prohibición de leyes estatales de IA de la administración federal. El 9 de enero, OpenAI llegó a un acuerdo con Common Sense Media, un grupo de defensa de la seguridad infantil, para respaldar una iniciativa electoral en California: la «Parents & Kids Safe AI Act». Esta medida propone exigir a las empresas de IA verificar la edad de los usuarios, ofrecer controles parentales y someterse a auditorías independientes de seguridad infantil. Si se aprueba, podría servir como modelo para otros estados. Además, la creciente preocupación por el impacto ambiental de los centros de datos, impulsada por un amplio rechazo público, llevará a los estados a regular el consumo de energía y agua de estas instalaciones, y a exigir que asuman sus propios costes de electricidad. Si la IA comienza a desplazar empleos a gran escala, los grupos laborales también podrían proponer prohibiciones de IA en profesiones específicas.
La Guerra del Lobby y la Configuración del Futuro de la IA
A medida que se desarrolla esta intrincada danza regulatoria, los gigantes tecnológicos continuarán desplegando sus vastos recursos financieros para influir en la dirección de la regulación de la IA. Súper PACs como «Leading the Future», respaldado por figuras prominentes como el presidente de OpenAI, Greg Brockman, y la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz, buscarán activamente elegir candidatos que defiendan el desarrollo sin restricciones de la IA tanto en el Congreso como en las legislaturas estatales. Su estrategia, según observadores, seguirá el modelo exitoso de la industria de las criptomonedas para elegir aliados políticos y, en última instancia, dictar las reglas del juego.
En contraparte, Súper PACs financiados por organizaciones como «Public First», dirigida por Brad Carson y el exdiputado republicano Chris Stewart, respaldarán a candidatos que aboguen por una regulación más estricta de la IA. Este pulso entre dos visiones contrapuestas, una que prioriza la innovación sin barreras y otra que enfatiza la seguridad y la mitigación de riesgos, definirá la naturaleza del debate político. En este contexto de alta tensión, no sería sorprendente ver el surgimiento de candidatos que se presenten con plataformas «anti-IA populistas», capitalizando los temores sobre la pérdida de empleos y el control de la superinteligencia, lo que añadiría otra capa de complejidad al panorama político.
Conclusión: El año 2026 se perfila como un periodo crucial para la Inteligencia Artificial en Estados Unidos. La «guerra» por la regulación de la IA no es un conflicto menor; es una batalla multifacética que se librará en los tribunales, en las urnas y en los pasillos del poder. El lento y a menudo caótico proceso de la democracia estadounidense determinará cómo se desarrolla la tecnología más disruptiva de nuestra generación, y las reglas que se escriban en las capitales estatales podrían tener repercusiones mucho más allá de las fronteras de EE. UU., marcando el rumbo global de la IA para los años venideros. La sociedad, la tecnología y la política están en una encrucijada, y las decisiones tomadas hoy resonarán en el futuro de todos.
Fuente original: America’s coming war over AI regulation