La Batalla por la Soberanía Digital: Activistas Europeos Vetados de EE.UU. por su Lucha Contra el Odio Online
Publicado el 20-01-2026
La impactante experiencia de Josephine Ballon de HateAid, vetada de Estados Unidos, revela la creciente tensión geopolítica entre la regulación digital europea y las acusaciones de censura impulsadas por administraciones como la de Trump, redefiniendo la libertad de expresión y la seguridad online en la era digital.
El Conflicto Transatlántico por la Regulación del Odio Online
Era una víspera de Nochebuena en Berlín cuando Josephine Ballon, codirectora de la organización alemana sin ánimo de lucro HateAid, recibió un correo electrónico que cambiaría drásticamente su perspectiva sobre su trabajo y la libertad personal. El mensaje de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. le informaba que su capacidad para viajar a Estados Unidos había sido revocada. En un primer momento, la razón era un misterio, aunque sus sospechas apuntaban directamente a su incansable labor en la defensa de los derechos digitales y la lucha contra la violencia online.
HateAid, una pequeña pero influyente organización alemana, se fundó con la misión de apoyar a las víctimas de acoso y violencia online. A medida que su perfil crecía como firme defensora de las regulaciones tecnológicas de la Unión Europea, también aumentaban los ataques en su contra por parte de políticos de derecha y provocadores, quienes afirmaban que la organización se involucraba en actos de censura. La conexión se hizo evidente cuando el entonces secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, publicó un mensaje en X (antes Twitter) en el que promovía una teoría de la conspiración sobre el llamado «complejo industrial de la censura». Esta teoría alega una supuesta colusión entre el gobierno de EE.UU., empresas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil para silenciar voces conservadoras, una narrativa en la que HateAid se había visto involuntariamente envuelta.
El Vetos y la Reacción Inmediata de Europa
Poco después, la subsecretaria de Estado Sarah B. Rogers confirmó la prohibición de viajar, publicando en X los nombres de los afectados. La lista incluía a Ballon y a su codirectora de HateAid, Anna Lena von Hodenberg, junto con otras tres figuras prominentes en el ámbito de los derechos digitales: el excomisario de la UE Thierry Breton, arquitecto de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de Europa; Imran Ahmed, del Center for Countering Digital Hate; y Clare Melford, del Global Disinformation Index. Todos ellos, reconocidos por su trabajo en la lucha contra el discurso de odio y la desinformación online, se encontraron en el punto de mira de una administración estadounidense que, en nombre de la «libertad de expresión», libraba una guerra contra los derechos digitales.
La noticia provocó una oleada de condenas en Europa. Ballon y von Hodenberg reaccionaron rápidamente con una declaración contundente: «No nos dejaremos intimidar por un gobierno que utiliza acusaciones de censura para silenciar a quienes defienden los derechos humanos y la libertad de expresión». Exigieron una clara señal de apoyo de los gobiernos alemán y de la Comisión Europea, que no tardó en llegar. Políticos como Johann Wadephul, ministro de Asuntos Exteriores alemán, y el presidente francés Emmanuel Macron, calificaron las prohibiciones de «inaceptables» y una amenaza a la soberanía digital europea. La Comisión Europea emitió un comunicado oficial condenando enérgicamente las acciones de la administración Trump y reafirmando su derecho soberano a regular la actividad económica según sus valores democráticos. Este incidente no solo destacó la polarización política en torno a la regulación de plataformas digitales, sino que también subrayó la creciente tensión entre los enfoques transatlánticos sobre la libertad de expresión y la soberanía digital.
Advertencias y Amenazas: El Lado Oscuro de la Activismo Digital
Más allá de las declaraciones de solidaridad, Ballon y von Hodenberg recibieron advertencias más sombrías. Aliados les aconsejaron que asumieran que la prohibición de viajar era solo el principio. Existía la posibilidad de que sus proveedores de servicios online pudieran revocarles el acceso a sus cuentas, que los bancos restringieran su acceso al dinero o al sistema de pagos global, o que se enfrentaran a intentos maliciosos de obtener sus datos personales o los de sus clientes. Algunos incluso sugirieron considerar transferir dinero a cuentas de amigos o mantener efectivo a mano para asegurar el pago de salarios y la compra de bienes esenciales.
Estas advertencias cobraban una urgencia particular dado que, días antes, la administración Trump había sancionado a dos jueces de la Corte Penal Internacional, quienes perdieron acceso a numerosas plataformas tecnológicas estadounidenses, incluyendo Microsoft, Amazon y Gmail. «Si Microsoft hace eso a alguien mucho más importante que nosotras, ni siquiera parpadearán para cerrar las cuentas de correo electrónico de una organización alemana de derechos humanos cualquiera,» comentó Ballon, destacando la vulnerabilidad de las organizaciones civiles frente a la influencia geopolítica. La incertidumbre se cierne sobre HateAid, obligándolas a tomar medidas preventivas contra posibles ataques futuros, lo que desvía recursos y energía de su misión principal.
HateAid: Defendiendo los Derechos Digitales en un «Lugar sin Ley»
Fundada en 2018, HateAid ha evolucionado de un enfoque inicial en el apoyo a víctimas de violencia digital a una defensa más amplia de los derechos digitales. Su trabajo es multifacético: proporciona canales para denunciar contenido ilegal online, ofrece a las víctimas asesoramiento legal, apoyo emocional, seguridad digital y ayuda en la preservación de pruebas. Además, educa a la policía, fiscales y políticos alemanes sobre cómo abordar los delitos de odio online, una área donde la legislación a menudo va a la zaga de la realidad tecnológica.
Cuando HateAid es contactada, y sus abogados determinan que el acoso probablemente ha violado la ley, la organización conecta a las víctimas con asesoramiento legal para presentar demandas civiles y penales contra los perpetradores, incluso financiando los casos si es necesario. Ballon y von Hodenberg estiman que HateAid ha trabajado con aproximadamente 7.500 víctimas y ha ayudado a presentar 700 casos penales y 300 civiles. Un ejemplo palpable de su impacto es el caso de Theresia Crone, una estudiante de derecho y activista política alemana de 23 años. Después de descubrir foros online dedicados a crear ‘deepfakes’ de ella, el apoyo de HateAid le permitió recuperar un sentido de control, evitando la carga financiera y la re-traumatización que habría significado enfrentar sola el proceso legal. Como Ballon señaló, «Internet es un lugar sin ley», y HateAid busca precisamente establecer límites y hacer que las plataformas sean responsables.
El Rol de HateAid en la Ley de Servicios Digitales (DSA) y las Acusaciones de Censura
La visibilidad de HateAid, para bien y para mal, creció aún más en junio de 2024 cuando fue designada como una organización de «señaladores de confianza» bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE. Esta ley de 2022 exige a las empresas de redes sociales eliminar contenido ilegal (incluyendo el discurso de odio y la violencia) que viole las leyes nacionales y proporcionar mayor transparencia. Los señaladores de confianza son entidades designadas por los países de la UE para identificar contenido ilegal; sus informes son priorizados y legalmente exigen una respuesta de las plataformas. Este mecanismo es crucial para la protección de los derechos fundamentales en el entorno digital.
La administración Trump ha argumentado vehementemente que el programa de señaladores de confianza y la DSA en general son ejemplos de censura que afectan desproporcionadamente a las voces conservadoras y a las empresas tecnológicas estadounidenses, como X. Sin embargo, Ballon refuta estas afirmaciones, explicando que HateAid no elimina contenido ni lo etiqueta públicamente para avergonzar a las personas; simplemente utiliza los mismos canales de notificación que cualquier otro usuario, con la diferencia de que sus informes son priorizados por las plataformas, que son las que finalmente deciden qué hacer. A pesar de estas aclaraciones, la idea de que HateAid y organizaciones afines están «censurando» a la derecha se ha convertido en una poderosa teoría conspirativa con consecuencias reales, como se evidenció en informes del Congreso de EE.UU. que nombraron explícitamente a HateAid.
Cuando la «Libertad de Expresión» Se Convierte en Arma
Grupos de derechos digitales critican la visión restrictiva de la administración Trump sobre lo que constituye libertad de expresión y censura. David Greene, director de libertades civiles de la Electronic Frontier Foundation, una organización estadounidense de derechos digitales, señala que esta administración parece tener una concepción de la libertad de expresión que no se basa en los derechos humanos. En cambio, percibe una expectativa de que «si el discurso de cualquier otra persona es desafiado, hay una buena razón para ello, pero nunca debería pasarles a ellos».
Tras la victoria de Trump en su segundo mandato, las plataformas de redes sociales han flexibilizado sus compromisos con la confianza y la seguridad. Meta, por ejemplo, puso fin a la verificación de hechos en Facebook y adoptó gran parte del lenguaje de censura de la administración. Mark Zuckerberg, CEO de Meta, llegó a declarar que «trabajaría con el presidente Trump para resistir a los gobiernos de todo el mundo» si se les consideraba «persiguiendo a empresas estadounidenses y presionando para censurar más». X, bajo el liderazgo de Elon Musk, ha ido aún más lejos en el incumplimiento de la legislación europea, un ejemplo flagrante fue la reciente capacidad de su generador de IA, Grok, para crear imágenes no consensuadas, incluyendo contenido explícito de mujeres y niños, con pocas limitaciones iniciales. Para Ballon, esto tiene una explicación simple: «Puedes ganar más dinero si no tienes que implementar medidas de seguridad y no tienes que invertir dinero en hacer de tu plataforma el lugar más seguro».
Von Hodenberg añade que no solo las plataformas se benefician de que la administración estadounidense socave las leyes europeas, sino que también la propia administración tiene un gran interés en no regular las plataformas porque «¿quién es amplificado en este momento? Es la extrema derecha». Esto explica, según ella, por qué HateAid, el Center for Countering Digital Hate, el Global Disinformation Index, Thierry Breton y la DSA, han sido el blanco: están trabajando para desmantelar este «acuerdo impío donde las plataformas se benefician económicamente y la administración estadounidense se beneficia dividiendo la Unión Europea». Las restricciones de viaje son un mensaje deliberado a todos los grupos que trabajan para responsabilizar a las empresas tecnológicas, diseñado para castigar a quienes persiguen el trabajo antidifusión o contra el odio.
El Efecto Silenciador y la Inquebrantable Resistencia
En última instancia, estas acciones tienen un efecto de amplio alcance sobre quién se siente lo suficientemente seguro como para participar online. Ballon citó investigaciones que demuestran el «efecto silenciador» del acoso y el discurso de odio, no solo para «aquellos que han sido atacados», sino también para quienes son testigos de tales ataques. Esto es particularmente cierto para las mujeres, que tienden a enfrentar más odio online, a menudo sexualizado y violento. La situación solo empeorará si grupos como HateAid son desplatformados o pierden financiación, minando la base de la justicia social digital.
Von Hodenberg lo expresó con más franqueza: «Ellos reclaman la libertad de expresión para sí mismos cuando quieren decir lo que sea, pero silencian y censuran a quienes los critican». A pesar de la presión y las amenazas, los directores de HateAid insisten en que no van a ceder. Están tomando «todos los consejos» recibidos en serio, especialmente en lo que respecta a «volverse más independientes de los proveedores de servicios». «Parte de la razón por la que no les gustamos es porque estamos fortaleciendo a nuestros clientes y empoderándolos,» dijo von Hodenberg. «Nos estamos asegurando de que no tengan éxito y de que no se retiren del debate público. Así que, ¿cuando piensan que pueden silenciarnos atacándonos? Esa es una percepción muy equivocada.» Su resistencia subraya la importancia crítica de la sociedad civil en la configuración de un futuro digital más equitativo y seguro, a pesar de las crecientes presiones geopolíticas y las campañas de desprestigio.
Conclusión: El caso de HateAid y la prohibición de viaje de sus directoras simboliza un punto de inflexión en la gobernanza de internet y la lucha por los derechos digitales. Mientras Europa busca establecer un marco regulatorio robusto para combatir el odio y la desinformación online a través de la DSA, ciertas facciones en EE.UU. lo interpretan como una amenaza a la libertad de expresión y un acto de censura. Este choque de visiones no solo tiene implicaciones para la cooperación transatlántica, sino que también redefine el papel de las organizaciones de la sociedad civil y el futuro de la seguridad y la libertad en el ecosistema digital global. La resiliencia de HateAid en esta confrontación es un testimonio de la determinación de quienes buscan un internet más seguro y justo para todos, a pesar de los desafíos geopolíticos y las crecientes amenazas a su trabajo.
Fuente original: What it’s like to be banned from the US for fighting online hate